Una de las instituciones que marcaron el rumbo de la modernidad en Puerto Rico, y de las cuales los puertorriqueños nos sentimos justamente orgullosos por muchos años, ha terminado por convertirse en emblema de la disfuncionalidad de nuestros procesos políticos y económicos. El lunes, el gobernador Ricardo Roselló Nevares anunció formalmente lo que la Junta de Supervisión Fiscal ya había dicho varios meses antes: que la privatización será una pieza clave de la reforma energética que necesitamos desde hace décadas y que después del huracán María ya no se puede aplazar más.

Es de esperar que el asunto provoque una intensa controversia por algún tiempo, pero la realidad es que muchos puertorriqueños ya dábamos por un hecho inevitable la privatización de la AEE, aún antes del huracán. La corporación está en quiebra; necesita un rescate financiero masivo para poder reconstruir la infraestructura eléctrica después del huracán; y no tiene la confianza de la ciudadanía para liderar el tránsito del país a la nueva era de fuentes no tradicionales de electricidad.

Así que el anuncio del gobernador no fue ninguna sorpresa, excepto por el momento en que escogió para hacerlo, cuando todavía estamos enfocados en acabar de conectar la luz en muchos puntos oscuros a través de toda la Isla. La privatización no es para resolver los problemas inmediatos sino parte de una reforma con la vista puesta en el futuro.

Ahora bien, el gobernador no tocó algunos asuntos críticos que habrá que esclarecer antes de poder vender los activos de la AEE. El primero es la deuda. La corporación le debe alrededor de $9,000 millones a los bonistas, y el futuro de esa deuda ya está en manos de los tribunales. Los activos de la Autoridad son parte esencial del proceso de quiebra ya que, en principio, se supone que estén disponibles para garantizar el repago de lo que se debe. No es razonable pensar que podemos disponer de esos activos sin el permiso de la jueza Laura Taylor Swain.

La otra pregunta es cuál será el papel de la Junta de Supervisión Fiscal en este proceso. En su mensaje, el gobernador no dijo si había discutido su propuesta con la Junta, y dejó la impresión (por lo menos a mi) de que se trata de una iniciativa unilateral del ejecutivo. Esperemos que el tema no abra un nuevo frente de hostilidades entre el gobierno y los miembros de la Junta, ya que éstos han insistido en que tienen la última palabra en cuanto a la restructuración de la AEE.

Una pregunta más, y la más importante de todas, es cuánto aportará el gobierno de Estados Unidos a la rehabilitación del sistema eléctrico, una vez que entren en juego intereses y capitales privados. Un proceso de privatización “normal” es una transacción entre un gobierno y un ente privado; nuestro caso podría ser más complicado por la posible intervención del gobierno federal. Tenemos que asegurarnos de que la privatización no se convierta en una excusa para que Washington limite su apoyo financiero a la reconstrucción del componente más importante de nuestra infraestructura económica.