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SAN JUAN, PUERTO RICO — El huracán Fiona impactó el
domingo 18 de septiembre por la mañana. Ya a la 1 p. m., la isla entera
estaba sumida en la oscuridad. Días después, cerca de un millón de
hogares en Puerto Rico seguían sin tener electricidad ni acceso a agua
potable, entre ellas mi casa. Mientras escribo esto sentado en un café,
no puedo evitar sentir una sensación agobiante de déjà vu.
| El Times Una selección semanal de
historias en español que no encontrarás en ningún otro sitio,
con eñes y acentos. |
LUMA Energy comenzó a suministrar energía a Puerto Rico luego de que el
gobierno privatizara en junio de 2021 lo que hasta ese momento había
sido un servicio público. La compañía fue contratada para reparar
nuestra débil red eléctrica. Sin embargo, LUMA no ha cumplido el trabajo
por el que fue contratada, que incluye el compromiso de invertir en
energía verde. En el último año, los apagones, que a veces pueden llegar
a durar días, se han convertido en parte de nuestra vida cotidiana.
Incluso los hospitales han tenido que depender de generadores. Sin
embargo, a pesar del pésimo servicio, las facturas de electricidad se
han duplicado.
Puerto Rico ya se estaba desmoronando económica y políticamente mucho
antes de la llegada de LUMA y el huracán Fiona. Las medidas de
austeridad han reducido profundamente el presupuesto del servicio
público, la atención médica, las pensiones y la educación, para pagarle
a los acreedores. Los funcionarios recién elegidos recompensan a quienes
son leales al partido en el poder con empleos gubernamentales, lo que
crea una serie de mantenidos que utilizan los cargos públicos para su
beneficio personal. Otorgan contratos millonarios a compañías que a
veces son propiedad de miembros del partido, familiares o amigos, a
cambio de sobornos o, peor aún, crean empresas fantasmas para desviar
los fondos a sus propios bolsillos.
Como resultado, vemos carreteras y autopistas rotas, repletas de hoyos.
Mientras todos nosotros luchamos para llegar a fin de mes, el Senado
hace compras compulsivas en las que gastan cientos de miles de dólares
en muebles, laptops y otros bienes que no brindan servicio alguno a los
contribuyentes. Mientras las medidas de austeridad forzaban el cierre de
negocios y escuelas, los puertorriqueños pagamos más de 15 millones de
dólares para cubrir casos y sentencias contra funcionarios que violaron
derechos civiles.
Nací y crecí en el Viejo San Juan. A pesar de ser un profesional con una
maestría y un trabajo de tiempo completo, el constante aumento en las
facturas de luz cada mes me enoja, toma demasiado de mis ingresos. El
sueño de comprar una casa en la ciudad en la que crecí, a la que llamo
hogar, se siente inalcanzable debido al alto costo de la vida.
Esta no es la vida que imaginé.
En la década de 1950, las nuevas carreteras remplazaron los caminos de
tierra para caballos y mulas. Las filas de casas de madera que carecían
de servicios básicos en el interior montañoso de la isla, fueron
sustituidas por enormes desarrollos urbanísticos de concreto. El
analfabetismo disminuyó, las familias enviaron a sus hijos a la
universidad y la tasa de pobreza se redujo. La Autoridad de Energía
Eléctrica de Puerto Rico (AEE), creada en 1941, participó en el impulso
de la industrialización y la prosperidad hacia la década de 1970.
Pero a medida que las industrias y las personas desplazadas por los
desastres naturales o en busca de recursos y empleos mejor pagados
fueron abandonando la isla de forma masiva, la AEE enfrentó una drástica
disminución de ingresos y la obligación de proporcionar energía a
quienes se quedaron. El monopolio comenzó a escatimar en mantenimiento y
a pedir prestados miles de millones de dólares solo para mantenerse a
flote, acumulando una deuda de 9000 millones de dólares. En julio de
2017, la AEE se declaró en quiebra. La arraigada cultura de negligencia
y corrupción había dejado a la red eléctrica en ruinas. Luego, en
septiembre de ese mismo año, el huracán María dio el golpe final.
A raíz de un apagón en toda la isla, la AEE aprobó un contrato sin
licitación de 300 millones de dólares con Whitefish Energy, con sede en
Montana, para ayudar a reconstruir la red eléctrica de Puerto Rico dos
meses después del paso del huracán María. Sin importar que la compañía
tuviera muy poca experiencia lidiando con casos de desastres y pocos
empleados. El acuerdo duró poco tiempo, en medio de interrogantes sobre
cómo Whitefish había conseguido ese proyecto y acusaciones de
especulación de precios. En 2018, el entonces gobernador Ricardo
Rosselló presentó un plan para vender la AEE.
.
En junio del año pasado, LUMA, un consorcio de la empresa canadiense
ATCO y Quanta Services, ubicada en Houston, fue contratada para trabajar
con la AEE para gestionar la energía de la isla. Se suponía que iba a
reducir los costos y realizar mejoras urgentes en la red eléctrica.
Pero, a pesar de los apagones crónicos, este mes de junio pagué una
factura del servicio eléctrico de 242 dólares, un enorme aumento en
comparación con los 87 dólares que pagué en junio del año anterior. El
asunto es que la mayor parte de la tarifa de LUMA por operar la red
siempre se pagará sin importar si el trabajo se realiza bien o no. Hay
escasa rendición de cuentas entre las partes involucradas en el acuerdo.
Sin embargo, hay motivos para tener esperanzas. Debido a que el
Departamento de Justicia de Puerto Rico, responsable de hacer cumplir la
ley, permite una impunidad rampante, Washington ha comenzado a prestar
atención a la situación. Una investigación en 2019 realizada por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que, tras el paso del
huracán María, empleados de la AEE aceptaron o exigieron sobornos para
restablecer el suministro eléctrico a residencias y negocios antes de
atender lugares críticos como el Centro Médico de Río Piedras, en San
Juan. La autoridad en materia de energía también administró de mala
manera un almacén donde se resguardaban materiales que debieron haber
estado disponibles para ayudar a restaurar la energía en la isla. Y
durante seis años, se gastaron más de 300 millones de dólares de fondos
públicos en consultores relacionados con la AEE.
El mes pasado, la exgobernadora Wanda Vázquez fue arrestada por cargos
de corrupción, y al menos nueve alcaldes han sido acusados de
corrupción. Entre ellos se encuentra Eduardo Cintrón Suárez, exalcalde
del municipio de Guayama, quien en julio fue condenado a 30 meses de
prisión por recibir pagos en efectivo a cambio de ejecutar contratos
municipales y aprobar pagos de facturas a una empresa de asfalto y
pavimentación. Se cree que muchos más están bajo investigación.
Los puertorriqueños no deberían tener que depender del gobierno de
Estados Unidos para impartir justicia a nivel local. Nuestro propio
sistema judicial debe erradicar la corrupción que amenaza con secar la
isla. Eso podría hacerlo investigando y enjuiciando casos de corrupción
para demostrar, que la isla puede por sí sola tomar las riendas de la
justicia. Debería exigir que el gobierno federal lleve a cabo una
reestructuración fiscal que establezca garantías que frenen la
corrupción.
El huracán Fiona fue solo un huracán de categoría 1, razón por la cual
nos ha tomado a muchos por sorpresa el nivel de destrucción que causó.
Sabíamos que las cosas estaban mal, pero no habíamos entendido lo
terriblemente mal que estaban. En los años transcurridos desde el
huracán María, nuestra maltrecha infraestructura ha empeorado. Mis
servicios de agua y energía eléctrica fueron restablecidos hasta el
miércoles por la noche. Con otras tormentas batiéndose en el océano
Atlántico, queda por ver por cuánto tiempo más tendré estos servicios.
Por el momento 20 hospitales siguen funcionando con generadores por la
falta de electricidad.
Lo más terrible de todo es que es nuestra propia gente la que nos roba y
abusa de nosotros. La traición es tan maliciosa que me enoja tanto si
pienso mucho al respecto. Estamos hartos de ser desplazados por
extranjeros adinerados que acuden en masa a la isla para disfrutar de
nuestras playas y obtener exenciones fiscales a las que no tenemos
derecho. Estamos cansados de que los políticos se enriquezcan a nuestra
costa. Estamos hartos de los apagones.
Después del paso del huracán, mis vecinos y yo nos contactamos para ver
si estábamos bien. Me conmoví cuando mi vecina de arriba me dijo que
nuestro espíritu comunitario, la forma en que nos cuidamos unos a otros,
es lo que nos ha ayudado a sobrevivir estos últimos años. Nadie vendrá a
salvarnos. Hemos demostrado ser capaces de destituir a un gobernador y
no nos detendremos hasta haber construido un Puerto Rico mejor y justo.
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