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Comerciantes del Viejo San Juan (VSJ) y la calle Loíza tronaron contra el nuevo Código de Orden Público propuesto por el alcalde Miguel Romero, por entender que limitar sus operaciones al imponer horarios para la venta de alcohol afectará sus ventas y clientela. Mientras, residentes de la capital aplaudieron el control en la venta de bebidas alcohólicas, pero denunciaron que la escasez de guardias municipales dificultará el cumplimiento de esta y otras disposiciones, como corridas de motoras y peleas que ocurren en el VSJ a altas horas de la noche.
“El imponerle al comercio la limitación de ley seca de 1:00 a.m. en adelante de lunes a jueves le reduce significativamente su capacidad de competir con los pueblos limítrofes que no tienen esa restricción y nos pone en desventaja”, comentó Diana Font, presidenta de la Asociación de Comerciantes del VSJ (ACOVI).
La pandemia, el alza en el salario mínimo y el aumento en la tarifa eléctrica, dijo, han afectado al sector comercial. Agregó que la falta de “orden” después de la 1:00 a.m. está ligada a la falta de presencia policíaca, lo que aseguró incita a la permisividad.
“El gobierno no quiere pasar trabajo manejando restricciones y pagan los comercios. No es falta de guardias, es que hagan su trabajo y los supervisen”, dijo Pamela Calderón, pasada presidenta de ACOVI.
Agregó que limitar la venta de alcohol es un “cierre de facto” de estos negocios que causará la proliferación de barras clandestinas y que la gente frecuente lugares que vendan alcohol, como hoteles.
Jonathan Cruz Collazo, dueño del restaurante “Qué Mamey”, en la calle Loíza, coincidió en que más restricciones sobre la operación de negocios es otro golpe a su sostenibilidad. Los restaurantes de este sector, indicó, se han visto grandemente afectados por el asesinato de dos turistas peruanos frente a una discoteca de la mencionada calle a principios de mayo.
“Se sabía que en ese negocio había un maleanteo y la Policía no hizo nada de prevención”, indicó, al señalar que las autoridades han aumentado el patrullaje y pintaron aceras para prohibir el uso de estacionamientos, un dilema en el área.
Poco antes del crimen, abundó, había transformado su restaurante a un “bar de tapas con picadera fina y vinos”, bajo una inversión significativa. “No sé cuánto tiempo más pueda sobrevivir”, agregó Cruz Collazo al mencionar que no quisiera irse del país, principalmente por razones familiares. Sugirió que se extienda al menos hasta las 2:00 a.m. la venta de alcohol y, por ende, la operación de comercios similares al suyo.
Juan Fernández, representante de la comunidad del VSJ, coincidió en la falta de cumplimiento sobre acciones que alteran la paz, como fuertes ruidos que emanan de los negocios durante la madrugada. Agregó, sin embargo, que no se debe discriminar contra negocios en zonas turísticas en favor de hoteles, ya que les causaría pérdidas millonarias y de empleomanía.
“La policía municipal se ha puesto las pilas a raíz de lo que pasó en la (calle) Loíza, pero concentraron sus esfuerzos allí, cuando hay circunstancias similares en el Viejo San Juan y lo hemos denunciado por siglos”, dijo Vanessa Droz, del Comité Timón de la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan.
Advirtió que la falta de guardias municipales es dramática, pues en una reciente reunión se enteraron de que solo hay unos 60 efectivos divididos en tres turnos para la concurrida área.
“Es importante que se cumplan las reglas de tránsito. Si hay una emergencia aquí, no se puede salir”, dijo al destacar que es importante que en la evaluación del código no se creen choques entre residentes y comerciantes, pues tienen fines comunes.
Mientras, el planificador José Rivera Santana comentó que en esta controversia hay varios actores: el sector comercial y su reclamo por derecho a las ventas y el sector residencial en busca de vivir con tranquilidad. Rivera Santana, quien dirigió el Departamento de Planificación y Urbanismo del Municipio de San Juan, sostuvo que lo correcto es llegar a acuerdos.
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