Sara Rosario asegura que el Copur fue víctima en el caso de Sabana Grande
La presidenta del Comité Olímpico explica por qué su organismo devolvió $700,000 al gobierno federal.

Noticel
Primera Hora
Por Fernando Ribas Reyes
11/27/2019

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur), Sara Rosario, indicó ayer que su organismo que fue “víctima” en un caso bajo investigación federal contra el municipio de Sabana Grande y que involucró fondos del Departamento de Educación Federal.

Esa fue la posición que defendió al revelar que el Copur se vio involucrado en una investigación federal por un subcontrato que obtuvo en el 2014 con el municipio de Sabana Grande para ofrecer unos adiestramientos a maestros de Educación Física.

Luego de conocer que el dinero que recibió por un servicio que rindió de manera legítima provenía de fondos utilizados de manera ilegal por el Municipio de Sabana Grande, el Copur acordó con el gobierno federal el devolver $700,000 de lo obtenido.

“He sido víctima de un contrato que firmaron dos partes (Departamento de Educación local y el municipio de Sabana Grande), donde uno (Sabana Grande) me subcontrata a mí sin yo tener conocimiento del contrato entre las otras partes, porque tampoco me competía tener conocimiento del contrato”, dijo Rosario en conferencia de prensa.

El Departamento de Justicia Federal reveló en un comunicado que, a raíz de una investigación, encontró que el municipio de Sabana Grande sometió documentación falsa y actuó en falsa representación para obtener fondos federales destinados para ofrecer la capacitación a maestros de su Municipio.

Justicia federal detalló que el Departamento de Educación de Puerto Rico desembolsó $1,770,200 al municipio de Sabana Grande para esos fines. Subsecuentemente, Sabana Grande subcontrató al Copur y a Irving Riquel Torres y la compañía Administrative, Enviromental and Sports Consultant para ofrecer los talleres, pero los mismos fueron otorgados en contra de las regulaciones federales que exigen que los servicios fueran prestados por entidades gubernamentales. Sabana Grande le pagó al Copur 1,378,212 y a Torres $375,499.

Aunque por casos separados, el alcalde de Sabana Grande, Miguel ‘Papín’ Ortiz Vélez, fue arrestado en el 2018 por otro caso de malversación de fondos federales, y Torres se declaró culpable en el 2018 por un caso de corrupción en el Departamento de Recreación y Deportes que involucró a su pasado secretario Ramón Orta.

El abogado del Copur, Fernando Olivero, dijo que la violación ocurrió cuando Sabana Grande subcontrató al Copur para dar unos servicios. Olivero detalló que el contrato tenía una cláusula que prohibía la subcontratación para dar los servicios, condición que el Copur desconocía porque no tenía necesidad de conocer el contrato entre el Departamento de Educación y Sabana Grande.

“Los términos entre Sabana Grande y Departamento de Educación fue entre ellos. No había manera de que conociéramos los detalles. Lo que se le imputa a Sabana Grande es que había una cláusula que no permitía el subarrendamiento del contrato, que lo tenían que hacer con las personas del municipio. Eso era entre ellos”, dijo Oliveros.

Rosario abundó que la investigación federal no encontró rastro de violaciones en el contrato de parte del Copur y dijo que pudo haber luchado legalmente en el tribunal federal por retener el dinero que cobró el organismo por sus servicios rendidos.

Pero la presidente del Copur enfatizó que eligieron no hacerlo y que, para evitar vínculos con dinero que no fue correctamente invertido, decidieron devolver las ganancias del contrato ($563,174), más añadir al monto una 30 por ciento de los gastos incurridos ($439,587 al dar los servicios.

“Fue un acuerdo entre las partes para evitar un pleito”, explicó Olivero, que detalló que el gobierno federal le reclamaba $5.5 millones en un principio de la negociación.