Determinación
“Luego de haber concedido a la parte concesionaria
el derecho a una vista para rebatir los aspectos
fácticos como de derecho de la Orden de Mostrar
Causa, habiéndose negado ésta a así hacerlo, esta
Administración de Reglamentos y Permisos, en
protección del bienestar general del concesionario
y atención al interés público involucrado en la
presente controversia, donde se están llevando a
cabo construcciones en terrenos de dominio
público, por la presente y conforme a las
facultades conferidas en las leyes y reglamentos,
se suspende los efectos de los permisos de
construcción concedidos por un término de 60 días
a partir de la notificación de la presente orden y
se ordena paralizar cualquier obra de construcción
que se esté llevando a cabo en los predios de los
casos, aquí en controversia que no cuente con un
permiso de uso autorizado por esta Agencia. Esta
orden podrá ser prorrogada del interés público así
ameritarlo”.
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Decide Arpe contra Paseo Caribe
VIERNES, 28 de diciembre de 2007
Por Eugenio Hopgood Dávila /
El
Nuevo Día
La agencia frena la construcción
como solicitó el Gobernador.
La
Administración de Reglamentos y Permisos (Arpe) emitió ayer la
resolución que paraliza por 60 días las obras en Paseo Caribe.
Por otra parte, la empresa desarrolladora San Gerónimo Caribe
Proyect Inc., y FirstBank solicitaron al Tribunal Supremo que
atienda directamente la controversia sobre la titularidad de los
terrenos del proyecto y le ordene la paralización de todos los
procedimientos administrativos y judiciales sobre el caso hasta
que el Alto Foro determine quién es el dueño de los terrenos.
Esta última solicitud de remedio en forma de una moción en auxilio
de jurisdicción radicada ayer a mediodía ante el Tribunal Supremo
no evitó que Arpe emitiera su resolución unas cinco horas después.
“No hemos sido notificados oficialmente (de la moción radicada
ante el Tribunal Supremo), un periodista me lo comentó hoy”, dijo
el ingeniero Luis Vélez Roché, administrador de Arpe. No obstante,
el funcionario dijo que está claro que el Supremo puede paralizar
los efectos de la resolución emitida ayer por la agencia.
Arpe sostuvo que para aprobar los más de 20
permisos solicitados por San Gerónimo Caribe Proyect desde el 19
de enero del 2000 hasta el 17 julio de este año “tuvo ante sí unas
serie de hechos y documentos cuya validez no había sido
cuestionada y en la cuales basó sus determinaciones”. Dijo que la
opinión del Secretario de Justicia que determinó que parte del
proyecto está en la zona marítimo terrestre, que fueron ganados al
mar “por lo que no eran susceptibles de pasar a propiedad
privada... tiene el efecto de reducir el tamaño del solar
considerado para el proyecto por lo que indubitadamente varían los
parámetros de evaluación”.
Arpe sostuvo en la resolución de 18 páginas que tiene no sólo la
autoridad para negar o conceder los permisos sino que tiene “el
poder inherente de revocar los mismos”.
La resolución acepta el planteamiento del desarrollista de que es
a los tribunales a quien les corresponde dilucidar una
controversia sobre título, pero dice que Arpe “está impedida de
otorgar un permiso de construcción a una persona cuando no le
consta que efectivamente aquella es la dueña”.
“Procede que Arpe actúe sobre un permiso, conforme a los poderes
que le concede la ley, mientras se está dilucidando un asunto de
titularidad en los tribunales”, añade la resolución.
A deslindar los terrenos
Vélez Roche dijo a este diario que durante los 60 días, que
comienzan a correr a partir de que la empresa reciba la
notificación por correo, agencias como el Departamento de Recursos
Naturales, entre otras, llevarán a cabo diversos procedimientos
técnicos como la mensura y deslinde de los terrenos. Dichas
acciones están contenidas en la resolución emitida este mes por la
Junta de Planificación.
Los abogados del proyecto presentaron el miércoles a las 5:00 p.m.
un recurso ante el Tribunal Supremo en el que solicitan que expida
un auto de certificación mediante el cual el Alto Foro puede
entender directamente en cualquier caso que esté ante un tribunal
de instancia si es un asunto novel de derecho o una controversia
de alto interés público. La empresa argumentó que es una
controversia de estricto derecho que puede ser resuelta sin la
participación del tribunal inferior y solicitaron que resuelva que
son titulares de los terrenos. “Lamento mucho que la agencia haya
tomado esa decisión que, a mi juicio, es ultra vires’ (más allá de
la autoridad legal)”, dijo a la AP Luis Sánchez Betances, abogado
del desarrollista Arturo Madero .
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