Edición del 5 de agosto de 2008
Por: Maricelis Rivera Santos
EL VOCERO

La decisión de Paseo Caribe puso de manifiesto el problema de acceso a la justicia para las comunidades en  casos ambientales y alegados conflictos de interés de jueces y allegados del Tribunal Supremo, denunciaron ayer dirigentes de varias organizaciones.

Carmen Guerrero y Luis Jorge Rivera Herrera, de ‘Iniciativa para un Desarrollo Sustentable’, expresaron que los tribunales impidieron que las comunidades participaran como interventores y ‘amigos de la corte’ en casos que los afectan.

“Entendemos que se supone que uno de los pilares de la democracia es el acceso a la justicia dentro de nuestro sistema judicial, pero, sin embargo, en nuestra democracia el acceso a la justicia parece estar en peligro de extinción”, indicó la planificadora.

Dijo que en el caso de Paseo Caribe, desde el 2000, la arquitecta Carmen Mascaró, residente del condominio San Luis, intentó que los tribunales escucharan sus planteamientos sobre la consulta de ubicación concedida al proyecto. No obstante, el Tribunal Supremo decidió acoger un acuerdo entre el desarrollador San Gerónimo Caribe Project y la Oficina de la Administración de Tribunales (OAT) y no escuchó planteamientos de la comunidad afectada.

Según Guerrero, en el pleito incoado a fines del año pasado en el que se discutió la titularidad de los terrenos de Paseo Caribe, el Tribunal de Primera Instancia y el Supremo tampoco permitieron acceso a la comunidad.

Rivera Herrera recordó que quien radicó el caso “no fueron ambientalistas radicales o comunistas” sino el principal experto en Derecho Real, Michelle Godreau, y el profesor de Derecho Ambiental, Pedro Saadé Llorens.

Rivera Herrera señaló que la actuación de los tribunales demuestra que esa Rama no ha superado los mismos problemas que identificó el ex juez presidente José A. Andreu García, en la XXII Conferencia Judicial y el 1er. Congreso de Acceso a la Justicia efectuado en mayo del 2002.

El biólogo aseveró que el Congreso concluyó que quienes más desventaja tienen ante la justicia son los pobres, envejecientes, personas con impedimentos y las comunidades con reclamos ambientales porque se les discrimina dado que los jueces piensan que son radicales que quieren paralizar el progreso del país.

Rivera Herrera denunció que hay varios hechos que ponen en tela de juicio la imparcialidad de la Judicatura como el que la relacionista pública de Paseo Caribe, Marisara Pont Marchese, sea integrante de la Comisión Futurista de los Tribunales de Puerto Rico.

Recordó que la jueza Anabelle Rodríguez debió inhibirse porque como Secretaria de Justicia en el pasado favoreció a Paseo Caribe. Alegó que no aplicaban las reglas de necesidad que ha esbozado el Tribunal.

Dijo que en otros casos relacionados con el Corredor Ecológico del Noreste también hay interrogantes sobre posibles conflictos.

Detalló que el desarrollador Juan R. Zalduondo, en el 2002 era miembro de la Comisión de Evaluación Judicial -que evalúa a jueces y juezas- y de la directoría ejecutiva de la Fundación Histórica del Tribunal Supremo al mismo tiempo que se dilucidaba el caso de su proyecto San Miguel Four Seasons.

Aseveró que el ex juez Baltasar Corrada del Río falló contra los ambientalistas en ese mismo caso y al año de retirarse fue contratado por Zalduondo para cabildeo en la Legislatura contra la reserva natural finalmente aprobada.

Alegó que el fenecido juez Jaime B. Fuster Belingeri, en el 2004, no se inhibió del caso de San Miguel Resort, aún cuando era cuñado de Zalduondo.

El portavoz de Misión Industrial, Juan Rosario, recalcó que los tribunales no les dejan otra salida a las comunidades que su lucha en la calle. El salubrista detalló que la Judicatura era la única institución que gozaba de credibilidad, pero que las actuaciones han hecho que el pueblo también les pierda confianza.

Sostuvo que el Supremo no tenía derecho en el caso de Paseo Caribe a tomar una decisión unilateral sólo escuchando al desarrollador Arturo Madero.

“El Tribunal Supremo nos acaba de decir con quién está. Es el tribunal de los grandes intereses del país, se tiene que atener a esa realidad o cambiar eso”, apuntó Rosario.

La Oficina de Prensa de la OAT respondió que no emitirán una reacción a los planteamientos de los ambientalistas.