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Cuarteles como el Precinto de San Juan que ubica en Puerta de Tierra, el de Monte Hatillo y el de Caimito, así como uno de los dos que operan en Trujillo Alto y el destacamento del barrio Dajaos en Bayamón, estarían en la lista de instalaciones que el Negociado de la Policía se propone cerrar próximamente.
Sin embargo, el comisionado de la Uniformada, Henry Escalera, sostuvo ayer que no revelará cuáles son los cuarteles en siete de las 13 áreas policíacas que están siendo evaluados para ser cerrados.
Escalera defendió el cierre de cuarteles como una de las medidas para maximizar los recursos humanos y tener mayor patrullaje. Sostuvo que en el caso del destacamento del barrio Hayales, en Coamo, trabajaban ocho agentes que se distribuían los tres turnos diarios por siete días a la semana, lo que significaba un agente por turno.
Agregó que previo al cierre de ese destacamento se había reunido con el Consejo de Seguridad Vecinal, quienes presuntamente entendieron la situación.
El comisionado ha dicho que el cierre de los cuarteles fue una de las recomendaciones de la compañía V2A, que realizó un estudio de sobre el estado y el uso de los recursos de la Uniformada como parte del proceso de reforma policial.
Escalera y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Héctor M. Pesquera, han sido objeto de críticas esta semana por parte del alcalde de Cabo Rojo, Roberto “Bobby” Ramírez Kurtz, quien tronó contra el cierre de tres cuarteles en ese municipio.
El alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, se unió al coro de críticas tras enterarse el miércoles pasado de la clausura del destacamento de Hayales.
La Policía no ha informado cómo y en qué cuarteles serán distribuidos los policías afectados por los cierres. En el caso de San Juan, se espera que pasen al cuartel de Santurce, los de Monte Hatillo a Río Piedras y los de Caimito a Cupey.
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