Rafael “Tatito” Hernández

Truena contra el Tribunal Supremo

El presidente de la Cámara de Representantes adelantó que su equipo prepara un recurso de reconsideración para que “el alto foro judicial adjudique esta controversia en sus méritos”

El Nuevo Día
4 de febrero de 2024
Por Adriana Díaz Tirado

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, tronó este sábado contra el Tribunal Supremo de Puerto Rico por darle vía libre al alza salarial de los jueces al desestimar –amparándose en aspectos procesales– la apelación que el cuerpo legislativo había presentado, y adelantó que su equipo legal prepara una recurso de reconsideración para que el alto foro adjudique la controversia “en sus méritos”.

Hernández acusó a los jueces del Supremo de legislarse privilegios y beneficios “para sí mismos”, y opinó que, con su determinación –emitida el viernes–, atentaron contra la separación de poderes constitucionales.

También, rechazó que existieran deficiencias procesales que impidieran atender el recurso de apelación que la Cámara sometió.

“El Poder Judicial, particularmente los propios jueces que emitieron este dictamen, se han legislado para sí mismos privilegios y beneficios en menoscabo de la propia Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que juraron defender, en un momento histórico donde la credibilidad de las instituciones públicas se encuentra en precario”, dijo el legislador, del Partido Popular Democrático, en declaraciones escritas.

La decisión del Supremo estuvo amparada en fundamentos de carácter procesal, al determinar que la Cámara no había “perfeccionado el recurso dentro del término jurisdiccional provisto para ello”, pues no notificó la apelación a la Oficina de Administración de los Tribunales dentro del período establecido. En consecuencia, el aumento salarial de los jueces entró en vigor, retroactivo al 1 de julio.

“Respetuosamente, diferimos”, dijo Hernández, quien aseguró que “todas las partes fueron debidamente notificadas dentro del término dispuesto por nuestro ordenamiento, y así lo acreditamos ante el propio Tribunal”.

“El llamado es a la prudencia. Nuestros abogados están preparando un recurso de reconsideración, fundamentado en derecho, para que el alto foro judicial adjudique esta controversia en sus méritos. La Cámara de Representantes no claudicará a la defensa de sus prerrogativas constitucionales ante el uso desmedido de un tecnicismo inconsecuente para obtener un beneficio personal en menoscabo del Poder Legislativo”, agregó en su escrito.

En noviembre, el juez Anthony Cuevas, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, declaró ha lugar la demanda presentada por la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura y el juez apelativo Ricardo Marrero Guerrero, que reclamaba la entrada en vigor del alza salarial, y ordenó al gobierno hacer los trámites necesarios para comenzar a pagar los aumentos.

Según la sentencia del Supremo, la Cámara presentó, el 12 de enero, un recurso ante el Tribunal de Apelaciones. Días después, Marrero Guerrero solicitó la desestimación de la apelación por falta de jurisdicción.

“Totalmente satisfecho”
En representación del juez Marrero Guerrero, el abogado Frank Torres Viada, se expresó “totalmente satisfecho con la determinación”.

“La determinación del Supremo es interesante, porque realmente la sentencia no resuelve el caso en los méritos. La sentencia lo que hace es desestimar el recurso de apelación que había presentado la Cámara por falta de jurisdicción, en la medida que no fue notificado a una de las partes en el pleito”, dijo Torres Viada.

Sostuvo que, ahora, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe autorizar el aumento, fundamentándose en la sentencia del juez Cuevas, afirmada con la determinación del Supremo. “La sentencia viabiliza el aumento y la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) debe transferir unos fondos que ya están destinados y están en sus arcas para que el Poder Judicial implemente y ponga en vigor el aumento”, indicó el licenciado.

El director ejecutivo de la OGP, Juan Carlos Blanco, recalcó, por su parte, que “ese dinero está, no se ha utilizado ni se va a utilizar para otros propósitos”. Precisó que el presupuesto asignado para el aumento de los jueces, para el año fiscal 2023-2024, consiste en $11.2 millones, incluyendo beneficios marginales.

“El proceso nunca ha estado en controversia. El lunes, estaremos comunicándonos con todas las partes para determinar cómo vamos a ejecutar (el desembolso). Somos los custodios de ese dinero. Siempre lo hemos tenido desde el día uno (del año fiscal). Para pasarle el dinero a la (Oficina de) Administración de (los) Tribunales, hay que hacer una reprogramación, y eso requiere la autorización de la JSF”, explicó Blanco, en entrevista con El Nuevo Día.

A enero, la cuantía que el gobierno tendría que desembolsar de manera retroactiva rondaba los $6.5 millones, correspondientes a los primeros siete meses del año fiscal.

En tanto, Hernández reiteró que la Judicatura “no está exenta de cuestionamientos ante las profundas deficiencias en su operación, que han provocado la revictimización constante de las víctimas del crimen ante la ola de feminicidios que arropa al país”.

“Confiamos en que el Tribunal Supremo desistirá de este nefasto precedente”, concluyó el líder cameral.