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Es hora que el pueblo elija a sus jueces
El nuevo Día
Lunes 10 de mayo de 2021
Carlos Díaz Olivo
Cuando se redactó la Constitución de
Puerto Rico, los constituyentes tuvieron que dilucidar la manera
de seleccionar a los jueces. El mecanismo de elección popular
que se utilizaba, y aún se utiliza en ciertos estados de la
Unión, se rechazó. Esto, principalmente, por la oposición del
autor intelectual de nuestra Constitución, José Trías Monge.
En su lugar, se adoptó el modelo de designación por el
ejecutivo, con la confirmación del legislativo, que se utiliza
en la Constitución de los Estados Unidos para la nominación de
jueces federales. El fundamento de esta postura era, y continúa
siendo, afianzar la independencia judicial. Se procura,
supuestamente, evitar la influencia política partidista
inherente al proceso electoral. También se argumenta que brinda
libertad de acción al funcionario judicial para resolver de
acuerdo a su mejor entendimiento, sin temor a ser sancionado en
el proceso electoral por la toma de determinaciones impopulares.
En mis años de formación jurídica y en los inicios del ejercicio
profesional el racional expuesto me pareció persuasivo. Con la
experiencia derivada del pasar del tiempo, confieso que
equivoqué. Es una falacia mayor afirmar que la designación
ejecutiva reduce la influencia política. Es todo lo contrario.
La historia judicial, tanto en Puerto Rico como en los Estados
Unidos, evidencia que, salvo excepciones, los jueces designados
por republicanos operan como republicanos y los designados por
demócratas como demócratas. Incluso, los jueces nominados por un
partido político, planifican y postergan su retiro hasta que
retorne al poder el partido al cual pertenecen y al que deben su
posición. Precisamente, por la importancia política de los
jueces es que el presidente Joe Biden considera la posibilidad
de un court packing a la usanza de Franklin D. Roosevelt.
En Puerto Rico la situación no es distinta. Los jueces
designados por el Partido Popular Democrático operan como
populares y los designados por el Partido Nuevo Progresistas
como penepés. Ni siquiera las formas guardan. En las opiniones
del Tribunal Supremo, sin ningún recato, los jueces se acusan
unos a otros, de actuar motivados por consideraciones político
partidista.
Otro problema es que las posiciones en la judicatura no son
llenadas, de ordinario, por practicantes con una trayectoria
profesional exitosa. Tampoco por grandes intelectuales del
Derecho o los primeros promedios de sus clases, directores de
revistas jurídicas o publicadores de obras jurídicas de
trascendencia. Siempre hay excepciones y existen en la
judicatura juristas competentes a quienes se les distingue. La
realidad, sin embargo, es que la persona que llega a una
posición de juez no es la más capacitada, sino aquella con la
relación o contacto político necesario.
La falsedad más grande es la teoría de que la no participación
en el proceso electoral brinda libertad al juez para obrar a
favor del bienestar común. Todo lo contrario, el saber que no
hay que rendir cuenta a nadie y que no están sometidos al
escrutinio del pueblo, los lleva a considerarse poseídos de una
superioridad institucional que no tiene espacio en una
democracia. Como no responden al pueblo y ocupan una posición de
"in-tocabilidad privilegiada", con inusitada frecuencia obran
con insensibilidad, sin comprender las necesidades del ciudadano
común y lo angustioso que para estos representa estar en un
proceso judicial. El ejemplo crudo y ofensivo de esta realidad
es el manejo inhumano por la rama judicial del grito de auxilio
de Andrea Ruiz Costas, quien posiblemente no estaría muerta sino
fuera por la indolencia e insensibilidad judicial.
La rama judicial, además, ha erigido un sistema propio de
evaluación y disciplina que procura su autoprotección e
inmunidad. Mediante un proceso enrevesado y secreto, adornan y
soslayan sus irregularidades. Además, las ocultan del pueblo a
quien se deben. Ejemplo de esto, nuevamente, es su renuencia a
entregar los audios de la vista de Andrea.
Los y las jueces no son mejores ni distintos de los legisladores
o nuestros gobernadores. Lo único que a los gobernadores y
legisladores que le fallan al pueblo le exigimos cuenta. Con
nuestro voto podemos premiar a los competentes y expulsar del
servicio público a los que no. Con los jueces esto no ocurre.
Llegó el momento de que el pueblo también pueda hacerlo.
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