Prensa podrá grabar procedimientos en sala criminal 

jueves, 16 de julio de 2015

elnuevodia.com


Por Michelle Estrada Torres

Extienden el acceso tras informe positivo sobre el Programa Experimental
 

El Tribunal Supremo de Puerto Rico extendió el uso de cámaras fotográficas y de vídeo por parte de periodistas a dos salas ordinarias, una criminal y otra civil, en el Centro Judicial de San Juan a partir del 1 de septiembre de 2015.

En materia criminal, la extensión “comprende únicamente la celebración de juicios por tribunal de derecho, lecturas de fallo y vistas de lectura de sentencia”, señala la resolución emitida este miércoles, 15 de julio.

Y en las salas civiles, se provee acceso “a la celebración de vistas de estado de los procedimientos, vistas argumentativas, conferencias con antelación al juicio y vistas en su fondo de aquellos asuntos y recursos asignados en las salas en las cuales aplique este reglamento conforme a la Regla 3”. 




De este modo, ya son cuatro las salas del tribunal de San Juan donde está en vigor el Programa Experimental para el Uso de Cámaras Fotográficas y de Equipo Audiovisual de Difusión por los medios de comunicación en los procesos judiciales (Pecam).

Igualmente, se podrá acceder con cámaras a otras salas, cuando el Tribunal Supremo lo autorice.

El Pecam entró en vigor el 1 de julio de 2013 en las Salas de Recursos Extraordinarios 904 y 907, presididas por los jueces Angel Pagán Ocasio y Giselle Romero García, respectivamente. Esto, luego de que el Tribunal Supremo adoptó un nuevo Canon 15 de Ética Judicial para propiciar mayor transparencia, permitiendo la toma de fotografías, vídeo, grabación y transmisión de ciertos procesos judiciales.

A un año de vigencia del Programa Experimental, el Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial evaluó su efectividad y emitió un informe.

“Con el beneficio de ese informe, y al amparo de los dispuesto en el Canon 15 de Ética Judicial, mantenemos el Pecam de forma indefinida en las Salas de Recursos Extraordinarios del Centro Judicial de San Juan. Además, con el objetivo de brindar mayor acceso de la ciudadanía a su sistema de justicia y fomentar la transparencia de los procesos judiciales, extendemos el Pecam a la Sala 901 de Asuntos de lo Civil del Centro Judicial de San Juan y a la Sala 1104 de Asuntos de lo Criminal del mismo tribunal”, determinó el máximo foro judicial del país.

“Cualquier otra extensión del Programa Experimental a salas adicionales se hará mediante resolución de este tribunal sin necesidad de enmendar el reglamento para ese solo propósito”, indicaron los jueces asociados.

Mediante esta resolución, también se le ordenó a la directora administrativa de los tribunales a presentar un plan para institucionalizar la transmisión de procesos judiciales con propósitos educativos en o antes del 30 de septiembre de 2015.

El juez Edgardo Rivera García estuvo “esencialmente conforme” con la resolución, pero disintió “de aquella parte de esta en la cual se permite la cobertura mediática, según provista en la Regla 3, en los casos criminales durante la celebración de juicio, indistintamente de que este se lleve a cabo por tribunal de derecho o ante jurado”. A su voto particular de conformidad en parte y disidente en parte se le unieron los jueces Roberto Feliberti Cintrón y Mildred Pabón Charneco.

La jueza presidenta del Supremo, Liana Fiol Matta, y el juez Luis Estrella Martínez emitieron votos particulares por separado, la jueza Maite Oronoz Rodríguez emitió un voto particular de conformidad al que se unió el juez Rafael Martínez Torres, y la jueza Anabelle Rodríguez Rodríguez no intervino.




Presentan preocupaciones

En su voto particular, el juez Rivera García criticó que no se haya preparado un reglamento para extender el programa experimental a las salas penales y afirmó que esta decisión equipara los procedimientos civiles con los criminales, lo que a su juicio es “erróneo” y “preocupante”. 

Manifestó, además, que los testigos llamados a declarar en un juicio criminal podrían atemorizarse ante la presencia de cámaras y “ello, indudablemente, comprometerá la integridad de sus testimonios, lo cual tendrá serias repercusiones en el proceso justo al cual el acusado tiene derecho y afectará cualquier avance de colaboración de parte de la ciudadanía en nuestra función principal de administración de la justicia”.

También puntualizó que el Informe del Secretariado de la Conferencia Judicial y Notarial recoge las preocupaciones de testigos consultados y la “marcada oposición” de jueces y juezas de asuntos criminales sobre el uso de cámaras en sus salas.

A su juicio, ya que la mayoría del panel de jueces avaló la extensión del programa a las salas criminales, lo menos que debió haberse hecho fue implementar un programa educativo para “orientar a la población general y a la prensa” sobre los procesos penales.

“Mientras no se desarrolle e implemente ese componente educativo, las transmisiones no serán más que una pieza de entretenimiento cual programa de ‘relaity show’ que no abonará a tan importante interés de fomentar la confianza del pueblo de Puerto Rico en nuestro sistema de justicia”, manifestó Rivera García.