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El juego largo por el Supremo
Jueves, 4 de marzo de 2O21
El Nuevo Día
Por Leo Aldrige
Hace ya casi dos décadas. Aníbal Acevedo Vilá
llegó a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD)
gracias a miles de votos prestados que fueron avalados tras
extensos litigios. Para adelantar su agenda, Acevedo Vilá
necesitaba de la asamblea legislativa. Pero el Senado para
entonces era presidido por el novoprogresista Kenneth
McClintock. quien estaba asediado por el deseo del exgobernador
Pedro Rosselló de quitarle su silla.
Por instinto de sobrevivencia política, Acevedo Vilá y
McClintock se necesitaban mutuamente. Entablaron un sinnúmero de
acuerdos - algunos públicos y otros trasbastidores - pero hubo
un asunto en el que el tranque fue firme durante todo el
cuatrienio: los nombramientos al Tribunal Supremo de Puerto
Rico. En teoría, Acevedo Vilá tenía la oportunidad de nombrar a
tres juristas al Supremo - Baltasar Corrada y Francisco Rebollo
alcanzaron los 70 años durante el cuatrienio y Jaime Fuster
falleció - pero el Senado de McClintock no cedió ni negoció.
En términos políticos, el aguante de McClintock durante el
cuatrienio de Acevedo Vilá funcionó (al igual que hizo Mitch
McConnett con el presidente Obama en 2016). Tras ser derrotado
Acevedo Vilá, Luis Fortuno llegó a la gobernación con la
asamblea legislativa de su PNP y nombró tres juristas al máximo
foro. Una vez el Supremo tenía sus siete in
tegrantes, la mayoría de los jueces pidió agrandar el foro a
nueve miembros. Cuando esa expansión se concretó, Fortuno nombró
a dos jueces adicionales.
Y todo parece indicar que, casi dos décadas después, están todos
los ingredientes para que la historia más o menos se repita.
El PPD, que ahora controla el Senado, puede hacerle lo mismo al
PNP que domina el Ejecutivo: sentarse encima de la vacante
actual del Supremo con la esperanza de que los rojos vuelvan a
la gobernación tras las elecciones de 2024.
Ese cálculo político, por supuesto, podría cambiar si la jueza
presidenta del Supremo, Maite Oronoz, es nominada al Primer
Circuito de Apelaciones federal en Boston y accede al puesto.
Entonces, con dos vacantes, incluyendo la presidencia, José Luis
Dalmau y la delegación popular en el Senado podrían aflojarse
para negociar con el gobernador Pedro Pierluisi.
Pero, si ven el asunto más a largo plazo, y tienen más
tolerancia al riesgo, los populares incluso podrían trancarse en
el escenario en que haya dos plazas vacantes. (Un tranque en
este asunto, para ser efectivo con el Senado actual, tiene que
consultarse con otras fuerzas políticas como el MVC, el PIP o
Proyecto Dignidad).
Si el PPD aguanta un cuatrienio con dos vacantes y la
presidencia en manos interinas de un juez nombrado por el PNP
(suponiendo que Oronoz se marcha), podrían estar ante un Supremo
el cuatrienio siguiente con cuatro potenciales vacantes: las de
este cuatrienio y las de los jueces Edgardo Rivera García
(cumple 70 años en enero de 2025) y Mildred Pabón Charneco (se
retira en noviembre de 2027).
Es ese cuadro con el que sueñan algunos mi-
litantes del PPD, que añoran con nostalgia las décadas en las
cuales los jueces del Supremo fueron nombrados mayoritariamente
por ese partido. Esa mayoría sempiterna en el Supremo se
desvaneció gracias a la decisión - algunos la clasificarán de
testaruda, otros de visionaria - de McClintock de no dar paso a
ningún nombramiento al Supremo por parte de Acevedo Vilá. La
composición del Supremo que conocemos hoy fue posible solo
gracias a la maniobra de McClintock hace casi dos décadas.
Está por verse si, tomando una lección de la historia política
reciente del país, la delegación popular en el Senado trata de
emular las maniobras estratégicas de McClintock con la intención
ríesgosa de retomar una mayoría en el Supremo de aquí a varios
años o si, por el contrario, sucumben a exigencias más
inmediatas.
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