Istra Pacheco, EL VOCERO 05/08/2026


En una votación de 5 a 4, la mayoría de los jueces del Tribunal Supremo acogió y consolidó los dos recursos legales que presentó el gobierno con los que busca cancelar el contrato de LUMA Energy para la transmisión y distribución de energía. De esta manera el pleito se verá ante el más alto foro judicial de Puerto Rico sin tener que pasar por los tribunales de menor jerarquía.

El tribunal concluyó que, debido a que las demandas atienden exactamente la misma controversia jurídica de alto interés público, la consolidación es el mecanismo procesal adecuado para garantizar una administración de la justicia eficiente y evitar dictámenes contradictorios en foros intermedios.

El dictamen le concede a las partes peticionarias un término de 30 días para someter formalmente sus alegatos escritos.

“Además de exponer los méritos de su reclamación, las partes peticionarias deben abundar con precisión sobre los remedios o el proceso de transición que tendría lugar en caso de prevaler en su contención”, indica la resolución.

El origen de este enfrentamiento legal se remonta a diciembre de 2025, cuando la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón radicó recursos legales ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. La estrategia busca dejar sin efecto la carta suscrita el 30 de noviembre de 2022 por la pasada administración, la cual extendió de manera indefinida el Acuerdo de Operación y Mantenimiento (T&D OMA, por sus siglas en inglés) bajo el amparo de un contrato suplementario.

El gobierno ha dicho que la extensión es nula por carecer de la debida autoridad bajo la Ley 29-2009 de Alianzas Público Privadas (APP) y la Ley 120-2018 Para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico, además de otorgar un control indefinido al operador privado sobre el sistema energético.

Aunque LUMA Energy intentó paralizar las demandas y solicitó el traslado de ambas para que la jueza federal Laura Taylor Swain —quien preside el caso de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) bajo la Ley PROMESA— atendiera los pleitos, la jueza denegó la petición. Por ende, el caso regresó a la jurisdicción estatal, donde el Tribunal de San Juan optó por detener sus propios trámites a la espera de que el Tribunal Supremo resolviera si asumía o no la jurisdicción final del asunto, como en efecto ocurrió ayer.

Un fallo favorable al gobierno provocaría la anulación de la extensión suplementaria, abriendo la puerta a una transición forzosa o a la búsqueda de un nuevo modelo de administración. Si el tribunal falla a favor de LUMA, se ratificará la vigencia indefinida del acuerdo actual, limitando la intervención gubernamental a los procesos ordinarios de fiscalización de rendimiento.

Los jueces que votaron a favor de acoger y consolidar las demandas fueron: Roberto Feliberti Cintrón, Mildred Pabón Charneco, Luis Estrella Martínez, Camille Rivera Pérez, Raúl Candelario López, mientras que se opusieron la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, Ángel Colón Pérez, Rafael Martínez Torres y Erick Kolthoff Caraballo.

En su voto particular disidente, Kolthoff Caraballo expuso que, por tratarse de una controversia que catalogó como “particular y novel”, hubiera sido “más conveniente el desarrollo de un expediente probatorio completo y determinaciones de hecho” por parte de un tribunal de primera instancia, incluyendo examinar si las alegadas omisiones en el proceso de firmar contrato se pueden corregir.

Feliberti Cintrón coincidió en que se trata de una controversia “novel”, pero sostuvo que como “máximo intérprete del ordenamiento jurídico puertorriqueño” deben interpretar las leyes y brindar certeza jurídica, y que una “intervención judicial tardía difícilmente puede satisfacer a plenitud los fines de la justicia”. Asimismo, al acoger y consolidar las demandas, cumplen con el principio de economía procesal.

Reaccionan las partes

La gobernadora vio la decisión como “otra victoria” y dijo que “representa un paso importante para brindar seguridad a nuestra gente. Desde el inicio he dicho que esta controversia necesita una atención inmediata por tratarse de un tema que incide sobre un servicio esencial para el desarrollo económico, la seguridad y la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Por su parte, LUMA indicó que “respetamos la determinación y estamos listos para presentar nuestra posición y los fundamentos para sostenerla de manera contundente... estaremos evaluando la determinación detenidamente y responderemos según solicitado por el Honorable Tribunal”.