Mientras, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, justificó el arrendamiento por $1 de un edificio que en el pasado era de la propiedad de la Asociación de Maestros
 

18 de agosto del 2016
Melissa Correa Velázquez, EL VOCERO

La Asociación de Maestros de Puerto Rico se encontraba planificando la recaudación de fondos para conservar y restaurar el denominado “Templo del Maestro”, propiedad ubicada en Puerta de Tierra, que le pertenecía hasta que el Departamento de Guerra de Estados Unidos expropió la estructura en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial.

Los esfuerzos de conservación se tropezaron, sin embargo, con el cabildeo simultáneo de miembros de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, que preside el hermano del gobernador Antonio García Padilla. La Academia logró que el Municipio de San Juan le arrendara el edificio hasta 2045 a un costo de $1. El contrato se selló el 6 de marzo de 2015, con las firmas de la alcaldesa Carmen Yulín Cruz y el licenciado García Padilla.

Este verano, la Legislatura asignó $1 millón del Fondo General a la Academia, luego de que el vicepresidente, juez federal Rafael R. Torruella, y catedráticos de Derecho expusieran a los legisladores la necesidad que tenían de rehabilitar el edificio histórico para convertirlo en su sede. 

La Academia, a través del académico numerario, Carmelo Delgado Cintrón, expresó por escrito a EL VOCERO que las gestiones para conseguir el alquiler de la sede “responden a la encomienda directa del Pleno de Numerarios”, compuesta por 14 togados. Además, defendió la asignación de $1 millón de fondos públicos.

“Con una sede permanente, la Academia de Jurisprudencia, además de aportar a la recuperación de un edificio patrimonial que se encuentra en avanzado proceso de deterioro, espera poder mejorar sus servicios a los estudiosos de derecho y a la comunidad en general de Puerto Rico”, sostuvo Delgado Cintrón.
Por su parte, la alcaldesa de San Juan justificó que el Ayuntamiento cediera el arrendamiento del edificio “Templo del Maestro” a la Academia.

“Claro que es bueno porque se va a ocupar un espacio de un edificio que está vandalizado y abandonado, se va a renovar, se va a remodelar y se va a utilizar para una biblioteca legal que va a utilizar no solamente el Tribunal Supremo, sino cualquier otro abogado”, afirmó Soto a preguntas de EL VOCERO.
Cruz Soto respondió con un categórico “no” a preguntas de este rotativo sobre si el hermano del primer ejecutivo gestionó directamente con el Municipio de San Juan el arrendamiento del edificio.
Señaló que la entidad tiene hasta el 2017 para remodelar el edificio o de lo contrario, la estructura vuelve a pasar a manos del ayuntamiento capitalino.

La Asociación de Maestros construyó la estructura en 1935. El historiador, Eloy Ruiz Rivera, contó a EL VOCERO que se trató de un esfuerzo monumental del magisterio, para tener un espacio de reunión gremial. “Lo pagaron los maestros con una recolecta que hicieron a través de toda la Isla”, contó el profesor de Humanidades. 

La presidenta, Aida Díaz, lamentó que el Municipio haya procedido con ese contrato. “Hubiésemos querido que se convirtiera en un museo de la educación puertorriqueña. Es un edificio hermoso. Deben requerir que se conserve porque tiene historia del pueblo de Puerto Rico”, planteó indignada. 
Las columnas y capiteles de la estructura blanca evocan un templo griego, un simbolismo de lo sagrado que resulta la educación para el magisterio.

Allá para finales de los treinta, la maestra Inés Mendoza, quien luego se convirtió en la esposa del exgobernador Luis Muñoz Marín, llegó hasta el Templo del Maestro para quejarse sobre la imposición de la enseñanza de inglés en las escuelas públicas, como parte de un proceso de vistas públicas que celebraba la Comisión para la Investigación de los Derechos Civiles de Puerto Rico.

Precisamente, fue la nieta de Mendoza, Rebecca Palacios, quien el año anterior inició esfuerzos para conservar el edificio histórico y alertar a la Asociación sobre su estado de deterioro. La Oficina Estatal para la Conservación Histórica finalmente incluyó el Templo del Maestro en el registro nacional de lugares históricos en abril de este año, a ochenta años de su construcción. 

“Desconocíamos que había un proceso paralelo de la Academia… esto es una entidad que nunca ha estado relacionada con el edificio”, protestó Ruiz Rivera.

El profesor contó que era un sueño de la Asociación recuperar su antigua y primera sede. “Siempre que pasaba doña Aida por ahí, se pasaba comentando: ‘¿cuándo nosotros podremos volver a este edificio?’”, relató.

El contrato de arrendamiento justifica que el Municipio no tiene planes futuros para la propiedad, que requiere de “inversión económica e importantes trabajos de rehabilitación” luego de años de abandono. También afirma que la proximidad a la Biblioteca del Tribunal Supremo, el Capitolio y el Archivo General de Puerto Rico “facilitará la labor científica, investigativa y de asesoramiento que lleva a cabo la Academia”. 

La propiedad, antes perteneciente al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), le fue transferida al Municipio a inicios del cuatrienio de Alejandro García Padilla “para desarrollar proyectos de beneficio a los residentes y visitantes de la comunidad, que contribuyan al desarrollo socioeconómico”, reza el documento.

Estipula, sin embargo, que la Academia tendría que comenzar los trabajos de mejora y rehabilitación en un periodo de dos años a partir de la otorgación del contrato, por lo cual les restan siete meses. 

La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación se fundó en diciembre de 1985 por el fenecido juez José Trías Monge, quien fuera secretario de Justicia y juez Presidente del Tribunal Supremo. Desde entonces, la Universidad de Puerto Rico le ha provisto un espacio en la Escuela de Derecho para el descargue de sus funciones, según dispuesto en el convenio de cooperación suscrito por el entonces presidente de la UPR, Fernando E. Agrait. 

La Academia volvió a resonar bajo la presidencia de García Padilla, por la investigación de las Becas Presidenciales de la UPR, que concluyó que hubo una selección indebida de candidatos, entre cuyos beneficiados se encontraba el licenciado Carlos Pagán Cuebas, quien para 2015 –según su carta de recomendación para la beca–fue director ejecutivo de la Academia y asesor legal de la Sociedad Económica de Amigos del País, ambas vinculadas a García Padilla.