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Los residentes de los que fueron los residenciales Puerta de Tierra y Las Gladiolas alegaron un esquema para desplazarlos.
Los residentes de los antiguos residenciales de Las Gladiolas y Puerta de Tierra –quienes ahora viven en unos complejos de vivienda mixto, entre subsidios gubernamentales e inversión privada– denunciaron hoy un intento del estado y los desarrolladores para desplazarlos del lugar.
Lo que comenzó como una promesa de reubicación para unas 205 familias de ambos residenciales, al día de hoy solo le han entregado vivienda a unas 29. Sin embargo, los agraciados han comenzado a experimentar una serie de eventos que han catalogado como discriminatorios.
Uno de ellos es la falta de orientación al explicarles a los nuevos inquilinos que en el lugar viven personas de diversas condiciones socioeconómicas y que algunos residen en el lugar con subsidios federales.
“La integración comunitaria no puede ser obligada porque esos son procesos que se dan voluntarios. Tú no puedes obligar a una gente a vivir con otra si así no lo desean, pero sí tú no orientas van a ocurrir situaciones como las que están ocurriendo entre los mismos vecinos”, sostuvo la presidenta de la Asociación de Residentes Gladiolas Renace, Mirta Colón Pellecier, en conferencia de prensa.
Tampoco poseen procedimientos disciplinarios estipulados, sino que son a discreción de la administración. Esto ha provocado castigos desiguales entre los residentes, según su estatus económico.
Por ejemplo, Colón Pellecier recordó que a una joven de 13 años y a su madre, que se benefician de subsidios de vivienda, las penalizaron a dos meses sin poder utilizar el gimnasio, luego que la menor entrara al lugar para hacer ejercicios a tomar agua. ¿El problema? Haber ingresado con dos amigas que no residían en el lugar.
La líder comunitaria contrató la situación con otro residente, que no recibe subsidio, que estacionó su carro por varios días en una zona para personas con impedimentos sin tener autorización para hacerlo y, aunque la administración tenía conocimiento de la situación, no tomaron proceso disciplinario contra el hombre.
“Estamos viviendo en carne propia el maltrato, la humillación. ¿Para qué servimos, para que estén recibiendo fondos federales, poner parchitos y ya?”, cuestionó.
El hongo y la humedad
Otro problema que están enfrentando los residentes de estos complejos es la invasión de hongos por la humedad en los apartamentos.
“Llevo mes y medio con hongo. He tenido que ir al sicólogo porque he perdido todo. Le dije a la administración que me mudaran al apartamento de al frente que está vacío y me dijeron ‘busca $500 y yo te reubico ahora mismo’. Eso es discrimen. Con lágrimas, tuve que botar lo poquito que he podido conseguir”, contó Domingo Campos, residente del apartamento 205.
Casi la misma situación la vive Hommy Montalvo Andino, del apartamento 201. Paredes húmedas que, aunque fueron a arreglarlas, ya ha comenzado a salir nuevamente el hongo.
En la vivienda de Colón Pellecier hubo que romper tres paredes por problemas de inundaciones. Descubrieron que lo que provocaba el ataponamiento había sido “cemento y paños” que dejaron en las tuberías durante la construcción.
No hay subsidios
Por otro lado, los residentes de estos nuevos complejos mixtos no cualifican para obtener subsidios por los servicios de energía eléctrica y agua potable, pues los edificios ya no pertenecen a la Administración de Vivienda Pública.
Los presentes alegaron recibir facturas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por montos exorbitantes de $199 y hasta de $300.
“En un país donde el discurso del gobierno es movernos a energía renovables, ninguno de los equipos que hay en los apartamentos economiza energía… Deposito mi cheque del Seguro Social en la Autoridad”, destacó Colón Pellecier.
Por esa misma línea, manifestaron que, a diez meses de haber comenzado a ocupar el complejo donde ubicaban Las Gladiolas, aún los postes de luz se encuentran sin energizar por una disyuntiva de planos entre la AEE y los desarrolladores.
Este problema no ha permitido que el municipio de San Juan pueda obtener las carreteras del lugar, por lo que no aparecen en los Sistema de Posicionamiento Global (GPS, en inglés) y dificulta las entregas a domicilios, que incluyen los medicamentos y la compra.
Problemas de acceso
Mientras, en Puerta de Tierra, denunciaron un problema con los accesos peatonales, pues en ocasiones los cierran y quien único posee el código es la administración.
“Estamos hablando de la seguridad de una comunidad. Si ocurre una tragedia, ¿a quién vamos a responsabilizar?”, preguntó la líder comunitaria.
Asimismo, alegó que tres empleadas de la administración residen en el complejo. “Pero la gente de nuestras comunidades se queda fuera”, dijo.
Los residentes indicaron que hace dos meses le solicitaron una reunión a la gobernadora y aún no han recibido respuestas.
“Esto no lo hicieron para nosotros. Va a llegar el momento que no vamos a poder pagar y nos vamos a tener que ir”, pronosticó Iris Ríos, miembro de la Coalición de Líderes de Vivienda Pública.
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