Presidente de El Vocero identifica a los miembros de Publi-Inversiones Inc.

15 de octubre de 2013
 
Por Por Miguel Díaz Román / El Nuevo Día


El Tribunal Federal de Quiebras llevará a cabo hoy la segunda vista sobre la quiebra del periódico El Vocero, en la que se dilucidará la propuesta para la venta del diario al grupo Publi-Inversiones, la cual es rechazada por sus acreedores, quienes aseguran que, de ser aprobada, se quedará sin saldar la mayor parte de los $90 millones en deudas del rotativo.

Entre las mociones y documentos presentados en los pasados días en el caso, destaca una declaración so pena de perjurio de Peter Miller, presidente de Caribbean International News (CIN), matriz de El Vocero, en la que se revela por primera vez quiénes integran Publi-Inversiones.

Estos son Raúl Betancourt Piñeiro, Ricardo Betancourt y Gerardo Larrea. En la declaración no se precisan ni las profesiones de estos ni si hay parentesco entre los dos Betancourt.

En la declaración jurada se indica que tratando de conseguir un inversionista, Miller se acercó al dueño del periódico New York Daily News, Fred Drasner; al presidente del Sistema Universitario Ana G. Méndez, José Méndez y al presidente de la empresa de asesoría en inversiones San Juan Asset Management, José Vizcarrondo. También fueron consultados Francisco Rodríguez, presidente del banco de inversiones UBS y Zoila Levis, expropietaria del Doral Bank.

Miller identifica a Betancourt Piñeiro como un primo segundo, con el que no tiene relación personal y asegura que lo ve solo “en los funerales de la familia”.

Publi-Inversiones pretende comprar El Vocero adquiriendo una deuda de $3 millones del periódico. Pero algunos de los opositores de la venta, entre estos el Departamento de Hacienda, el Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (IRS) y la Unión de Periodistas, Artes Gráficas y Ramas Anexas (Upagra), que agrupa a los empleados del diario, se oponen, entre otras cosas porque presuntamente la deuda está garantizada con propiedad mueble e intelectual del periódico. Hacienda y la Upagra alegan que el valor de esas propiedades oscila entre $425,000 y $100,000, muy inferior al monto de la deuda.

En su objeción escrita ante el tribunal, el licenciado Michael P. Richman, abogado de Hacienda, indicó que el vínculo familiar de Miller y Betancourt Piñeiro, así como la declaración de Miller de querer continuar frente al periódico, la hacen desconfiar de que se hayan hecho esfuerzos vigorosos por conseguir otros compradores.

Los esfuerzos los realizó el corredor Samuel Mitchell, contratado por CIN, quien, según Richman, compiló una lista de 40 interesados en El Vocero. “Pero no sabemos cómo lo hizo o quiénes eran o qué hacían”, dice Richman.

Condiciones desiguales

El abogado de Hacienda también pone en duda la intención de CIN de acogerse al Capítulo 11 de reorganización porque El Vocero “tenía planes para operar generando beneficios y no hay pruebas de que los acreedores tomaran acciones que hayan requerido la protección del Capítulo 11”.

La moción cuestiona las intenciones de CIN, que tras radicar la quiebra de inmediato solicitó el amparo de la sección 363 de ese Capítulo 11, que permite la venta de activos del deudor. La moción sostiene que esa sección fue invocada para traer un nuevo inversionista que adquiriera los principales activos del periódico libre de gravámenes, lo cual, según la moción, hace pensar que “la quiebra se estructuró para evadir el pago de las deudas contributivas con el gobierno local y el gobierno federal por más de $30 millones”.

Incluso, Richman señala que del testimonio de Miller para este caso podía inferirse que venía pensando en la sección 363 desde 2011. La moción también señala que el acuerdo de venta entre CIN y Publi-Inversiones debe ser rechazado por el Tribunal porque contiene condiciones que desalientan a otros inversionistas.

Por ejemplo, se menciona el depósito de $500,000 que se requiere a cada interesado para tener acceso a los libros del diario y establecer que cualquier nueva oferta debía ser por $3,522,000, un 20% más que la propuesta de Publi-Inversiones. Otro beneficio es que Publi-Inversiones recibiría un reembolso de $250,000 si no resultaba favorecido. Además, el acuerdo indica que no se aceptarán ofertas de licitadores que tengan “inversiones en otros medios de comunicación en Puerto Rico”.

“Los privilegios a Publi-Inversiones son causa suficiente para rechazar su oferta”, indica Richman. El abogado también exhorta al Tribunal a no aceptar la adquisición por parte de Publi-Inversiones de una deuda de $3 millones de la empresa productora de papel Abitibi Bowater, debido a que el colateral que garantiza esa deuda es un equipo del periódico que ha depreciado y cuyo valor actual es de menos de $100,000.

Por su parte, el abogado de la Upagra, David Godreau Zayas, indicó que aun dentro de la sección 363, la transacción de venta debe garantizar que la nueva empresa cumpla con el convenio colectivo y con las deudas que la empresa tiene con sus empleados y exempleados.

Otro argumento de la Upagra es que el Tribunal debe rechazar la venta porque El Vocero posee otros activos que no han sido informados, en otras seis empresas vinculadas a CIN que fueron creadas “para recibir beneficios del gobierno y evadir responsabilidades”. La moción sostiene que el Panel Nacional de Relaciones del Trabajo catalogó una de estas empresas como “alter ego” y que podría concluirse lo mismo de las otras, cuyos activos se desconocen. Estas son: News Distributors; Multi-Media Enterprise; Multi-Media Management; Multy-Service Company; La Prensa Libre de PR y Prime Printing.

Godreau Zayas catalogó la venta propuesta bajo la sección 363 como “plan-sub rosa”, una expresión que describe las transacciones que buscan evitar las salvaguardas del proceso y que, por esa razón, pueden afectar las condiciones de una futura reorganización.

El abogado también reveló que existe un contrato firmado por El Vocero y la Upagra en el 2000, en el que los empleados accedieron a reducir sus salarios en 18% a cambio de recibir el 15% del dinero que se obtuviera si el periódico era vendido.

Esto significa que Publi-Inversiones debería entregarle al menos $450,000 para ser distribuidos entre los empleados.

Sobre los argumentos de la Upagra, Alexis Fuentes, abogado de CIN, sostuvo que cualquier reclamo sobre actos ocurridos previo a la quiebra se pueden reclamar a través del mismo proceso de bancarrota.

Fuentes agregó que la venta debe ser aprobada aun si la garantía de la deuda adquirida por Publi-Inversiones se reduce, y advirtió que no aprobar la venta sentenciaría a muerte al deudor y afectaría a los acreedores.

Sobre los alegatos de Hacienda, Fuentes indicó que la relación de Miller con Betancourt Piñeiro es “de parentesco lejano” y señaló que “no es más que una expectativa” el interés de Miller en seguir laborando en el periódico. En días recientes también presentaron objeciones a la venta el Municipio de San Juan, el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales y la Corporación del Fondo del Seguro del Estado.